Reglas para colocar carteles de campaña en Austin antes de las elecciones de 2026

Ante la proximidad de las elecciones generales, los letreros de campaña han comenzado a proliferar por toda la ciudad de Austin, lo que ha llevado a las autoridades locales a recordar las normativas vigentes sobre su colocación. Aunque los ciudadanos tienen permitido exhibir propaganda política en terrenos privados siempre que cuenten con el consentimiento del propietario, la legislación estatal impone restricciones estrictas sobre el uso de espacios públicos y áreas cercanas a las carreteras.

Robert Alvarado, gerente de división del Departamento de Cumplimiento de Códigos de Servicios de Desarrollo, explicó que está prohibido instalar letreros en el derecho de paso público. Esto incluye áreas como camellones, islas de tráfico, esquinas de intersecciones, así como espacios situados entre la calle y la acera o entre la calle y los postes de servicios públicos. Asimismo, no se permite fijar publicidad en postes de luz, postes telefónicos, señales de tránsito o cajas de control vial.

El funcionario enfatizó que estas medidas no solo buscan el orden estético, sino garantizar la seguridad vial. Según Alvarado, cualquier objeto que genere una obstrucción visual al entrar o salir de un edificio, calle o acera representa una violación de seguridad, independientemente de si se trata de propaganda política o de otro tipo. Para identificar estas infracciones, el ayuntamiento depende en gran medida de las denuncias ciudadanas recibidas a través del sistema 311.

Una vez que se recibe un reporte, el departamento asigna inspectores para que acudan a las ubicaciones específicas dentro de sus distritos y verifiquen si existe alguna falta. Cuando se confirma una irregularidad, el procedimiento habitual consiste en contactar a la campaña responsable para notificarles sobre el incumplimiento del código y solicitarles que retiren el material de inmediato.

Por otro lado, algunas campañas locales han denunciado el robo o vandalismo de sus letreros, llegando incluso a instalar cámaras de vigilancia para identificar a los responsables. Es importante recordar que el robo de este tipo de propaganda está tipificado como un delito menor de Clase C. Finalmente, la normativa municipal establece que toda la publicidad electoral debe ser retirada por los responsables en un plazo máximo de 10 días tras la conclusión de los comicios. Esta información ha sido confirmada por las leyes estatales y las declaraciones oficiales de Robert Alvarado.