Preocupa entrega de datos de estudiantes de El Paso al contralor estatal

El Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) entregó recientemente a la Oficina del Contralor de Texas registros detallados sobre la cantidad de estudiantes inscritos que utilizan un número de Seguro Social frente a aquellos que emplean un número de identificación alternativo aprobado por el estado. Esta acción ha generado inquietudes sobre el posible uso de estos datos para identificar a estudiantes indocumentados. Leah Hanany, presidenta de la junta del EPISD, confirmó la entrega de los documentos solicitados por el contralor, aunque aclaró que dicha información por sí sola no permite determinar el estatus migratorio de los alumnos, ya que los distritos asignan números alternativos cuando las familias no proporcionan un Seguro Social.

Hanany señaló que, aunque parece haber un intento por distinguir qué niños poseen un número de Seguro Social y cuáles no, esto resulta imposible de verificar con certeza, pues cualquier persona puede registrar a su hijo usando un número alterno. Por su parte, el representante estatal Vince Perez, de El Paso, informó que la oficina del contralor Don Huffines solicitó estos datos instruyendo al distrito a no incluir información que identificara personalmente a los estudiantes. El EPISD es uno de los 4 distritos que actualmente están siendo revisados por la Oficina del Contralor, tras una solicitud del gobernador Greg Abbott para investigar si los fondos estatales se están destinando efectivamente a las aulas y no a gastos administrativos.

Perez cuestionó la relevancia de esta solicitud, argumentando que el número de Seguro Social no es un requisito para asistir a la escuela en Texas y que el número de identificación alternativo no revela nada sobre la situación migratoria de un menor. El representante señaló que la revisión financiera del EPISD se utilizó como pretexto para recopilar documentos ajenos a la gestión operativa y económica del distrito. Entre las peticiones adicionales de Huffines se incluyeron presupuestos, nóminas, contratos, una copia electrónica del catálogo de la biblioteca escolar y las políticas de la junta sobre las quejas de los padres respecto al plan de estudios de sexualidad humana.

El legislador Vince Perez presentó una solicitud de registros legislativos para conocer el alcance total de la revisión del contralor y los documentos entregados. En este esfuerzo estuvo acompañado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Coalición Save Our School, una organización de base que en 2025 protestó contra el cierre de varias escuelas del EPISD. Perez, quien busca la reelección para el Distrito 77 de la Cámara de Representantes en la elección general del 3 de noviembre, recordó que el 12 de octubre envió una carta a Huffines con un plazo de 14 días para responder sobre los criterios de selección del distrito para esta auditoría, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Al ser consultado sobre las posibles motivaciones detrás de esta revisión, Perez citó una entrevista de 2025 en CBS donde Huffines sugirió que los estudiantes indocumentados deberían regresar a sus países. El representante también recordó el historial de Huffines, quien en 2017, cuando era senador estatal, presentó un proyecto de ley fallido para certificar el costo de los servicios educativos para personas sin presencia legal en el país. Asimismo, Perez mencionó que en 2023, una fundación dirigida por Huffines recomendó exigir pruebas de ciudadanía a estudiantes y padres, además de contabilizar a los alumnos no ciudadanos.

Es importante recordar que, bajo la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1983 en el caso Plyler v. Doe, los estados tienen prohibido negar el acceso a la educación pública a los niños basándose en su estatus migratorio. Por su parte, la Oficina del Contralor visitó el distrito esta semana sin previo aviso, llegando el lunes y retirándose el jueves al mediodía. Desiree Serna, de Texas LULAC, enfatizó que su objetivo no es obstruir la supervisión financiera legítima, sino exigir que esta se realice de manera transparente y sin comprometer los derechos de las familias.

El contralor Don Huffines, en un comunicado sobre las investigaciones, sostuvo que estas buscan determinar si el gasto de los distritos cumple con la ley estatal y beneficia a los estudiantes y maestros. Mientras tanto, el EPISD no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los registros proporcionados, aunque anunció que ofrecería más detalles en una conferencia de prensa. Este reporte informativo se publica bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.